Caza menor: Política pública según ciencia y no capricho - Por Norma Robson

Finalmente, fundada en estudios científicos y enriquecida por la participación pública, dotándola así del marco adecuado de política pública que merece, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos definió la temporada de caza menor 2025. La norma habilita unas especies y otras no, reduce cantidades, limita el período, e impone las condiciones del caso que garanticen la sustentabilidad de la biodiverdidad y los recursos.

El gobierno, responsable de ordenar los territorios, debe para ello establecer las normas y procesos que sean necesarios. En este afán, debe perseguir, también, una sustentabilidad general que satisfaga las expectativas de todos, garantizando el bienestar común. Para ello, sus actos de gobierno deben estar siempre fundados en la información adecuada, y no en caprichos, conveniencias demagógicas, u otras vanalidades.

Cuando estas decisiones son elaboradas a partir de realidades empiricas y científicas, y mirando hacia el futuro, se llaman políticas públicas.

Para este año, la agencia del Gobierno de Entre Ríos responsable de esta cuestión en particular trazó una política pública para con la actividad cinegética, de caza o como se la quiera llamar, indiferente a los planteos de seudoambientalistas y empresarios.

De ese modo, Entre Ríos definió que la temporada 2025 de caza menor se desarrollará entre el 10 de mayo y el 24 de agosto, En comparación con 2024, se redujeron de seis a cuatro las especies de patos habilitadas y la perdiz, y de 8 a 6 la liebre europea, mientras que se mantuvo el cupo de 15 ejemplares por cazador. Por otro lado, Se mantuvo la prohibición total de caza en ocho departamentos y en áreas protegidas, al igual que sigue prohibido el uso de plomo en los cartuchos.

Ahora bien, aparte de estas decisiones, desde esta temporada se implementará, de forma obligatoria, la Hoja de Ruta Cinegética, un documento que deberá portar cada cazador durante sus salidas para presentarlo ante los controles. Esta medida no solo permitirá mantener un registro territorial para nuevos estudios, sino que facilitará la fiscalización.

En síntesis, el Estado cumplió esta vez atendiendo a la ciencia y a la técnica, y no a los actores económicos interesados en llevar adelante su actividad, aunque sean los más interesados en cuidar el recurso, ni en los fundamentalistas ambientales, solo interesados en prohibir, pero sin argumento válido alguno.

Habló la ciencia

Entre los estudios realizados, el informe de monitoreo adaptativo de abundancia, realizado al final de la temporada anterior por tercera vez, fue realizado por reconocidos profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa, del INTA Balcarce, del IBIOMAR, del CONICET, del INTA Castelar, y de la UTN Mar Del Plata.

Para la realización de este estudio, en la provincia de Entre Ríos, se relevaron 251 cuerpos de agua, registrándose un total de 18,802 patos, en estricto procedimientos de conteo. Un trabajo de meses el cual se precisaron cientos de horas hombre de profesionales y estudiantes avanzados de la biologíay ecología.

Fuente: Gualeguay21